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La Comunidad Andina no nació como una mera alianza comercial. Surgió en 1969 con el Acuerdo de Cartagena como un esfuerzo deliberado de construir un ordenamiento jurídico supranacional: uno capaz de superar las limitaciones del derecho interno de cada Estado y garantizar, a largo plazo, la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Para Ecuador y Colombia —países con una frontera extensa y una historia comercial profundamente entrelazada— la CAN representó desde su fundación algo más que un tratado: la creación de un sistema normativo común, vinculante, con instituciones propias para resolver controversias.